Cinco de los veinte detenidos en la operación que la semana pasada tuvo lugar en varias localidades catalanas contra la explotación sexual de mujeres fueron detenidos en 2006 por el asesinato de otros dos presuntos proxenetas después de que una prostituta ejerciera en un tramo de carretera controlado por los primeros.
En el momento de su detención se encontraban en libertad provisional con cargos a la espera de que en las próximas semanas se celebre el juicio en el que están acusados de doble asesinato.
Este suceso es la evidencia más clara de la extrema violencia que, según los Mossos, empleaba la banda para mantener el amplio territorio que controlaban para la explotación de sus víctimas. Dicho territorio se extendía por el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, la Selva y Tarragona, donde ahora iniciaban su expansión.
De hecho, el doble asesinato fue utilizado por los detenidos como carta de presentación ante el resto de bandas que operaban en Cataluña para asegurar su hegemonía.
Los grupos de proxenetas recién llegados a la comunidad eran advertidos inmediatamente que deberían pagar una cuota de 150 euros diarios por cada una de las mujeres que pretendían ejerciesen la prostitución en las carreteras.