22/04/2010
La llamaremos Sara, porque no conocemos su nombre. El 17 de marzo fue enviada a Nigeria a pesar de que había asegurado que era víctima de una red de explotación sexual. Sara tiene 25 años, contó que llegó a España a finales de 2006 después de que sus padres fuesen asesinados en su país y un conocido de la familia le prometiese que iba a ayudarla. Ayudarla obligándola a prostituirse. Sara afirmaba que si la devolvían a Nigeria podían matarla porque no había devuelto los 20.000 dólares que le exigían como deuda. Estaba embarazada de 11 semanas porque mientras mantenía las relaciones sexuales no le dejaban usar preservativo.
En marzo la detuvieron y la ingresaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid antes de ser deportada. El Proyecto Esperanza y Women´s Link Worldwide entraron en contacto con ella y denunciaron que su vida corría peligro. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que asesora al Gobierno en las peticiones de asilo en España había realizado un informe favorable en su caso aconsejando que se le concediera el asilo cuando Sara lo pidió, pero el Gobierno se lo negó. El Defensor del Pueblo también solicitó que se paralizara su proceso de expulsión. Pero no hubo marcha atrás. Sara viajó a Nigeria.
Para que casos como el suyo no vuelvan a repetirse Women´s Link Worldwide ha presentado una queja en la oficina de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Trata de Personas, asegura que se han vulnerado los derechos fundamentales de la joven nigeriana. “Queremos que la Relatora le pregunte a España por este caso específico pero también qué va a hacer para que no haya más violaciones de este tipo en el futuro. Queremos saber cuándo va a haber un reglamento para la ley de Extranjería y cuándo piensa aplicar el periodo de reflexión que tiene que otorgar el Gobierno español desde el derecho nacional e internacional a víctimas y presuntas víctimas de trata” nos cuenta Viviana Waisman Directora Ejecutiva de la organización.
El día 11 de marzo la organización solicitó que se le concediera a la joven un periodo de reflexión, según recoge la ley:
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este período, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.
El Gobierno dijo que no le concedía ese periodo pero lo hizo el 18 de marzo, un día después de que la joven fuese devuelta a su país. No pudo recurrir esta decisión. “Nosotros solicitamos el periodo de reflexión aunque la ley no dice que la persona tenga que pedirlo porque debería ser automático cuando se detecta que la persona es víctima de trata, pero ni se está otorgando automáticamente y ni cuando se hace de manera formal. Es la tercera vez que hacemos una petición de periodo de reflexión desde que entró en vigor la ley en diciembre de 2009, y no se ha dado en ninguno de los casos”.
Ese es el argumento con el que Women´s Link Worldwide acusa a las autoridades españolas de violar derechos fundamentales como el de acceso a la justicia. “En este el daño es irreparable”. En la denuncia también consta que se ha vulnerado su derecho al no retorno, “la deportación en sí ha puesto en riesgo su vida porque la tenían amenazada de muerte si volvía a Nigeria sin pagar la deuda”, los derechos a la vida y a la protección especial como presunta víctima de trata y el derecho a la salud porque “no se le hizo ni un examen médico ni una evaluación de riesgo para el embarazo y hay un artículo específico de la ley de extranjería que dice que cuando hay riesgo para el embarazo o la salud de la mujer, no se deben deportar”.
Ayer, el caso llegó al Congreso de los Diputados, la ministra de Igualdad fue preguntada sobre si conocía el caso y si compartía los criterios por los que el Gobierno había deportado a esta mujer. Bibiana Aído no llegó a pronunciarse sobre ello de forma concreta, dijo que todas las decisiones de este tipo “se atienen a un procedimiento garantista y están sometidas a control judicial” y se escudó en las cifras de las operaciones policiales contra las redes de explotación. Women´s Link Worldwide asegura que con esta respuesta el Gobierno “no rinde cuentas. Desde el punto de vista de la trata, evidentemente es un delito que tiene que ser perseguido y se debe encarcelar a los tratantes pero eso no quiere decir que no se le dé el enfoque de los derechos humanos y de las víctimas de trata para protegerlas de la vulneración de los derechos humanos”.
Desde que fue deportada a Nigeria no se sabe nada de ella.