El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves en el pleno municipal, con la abstención del PSOE y el rechazo de IU, la nueva ordenanza de la Conviviencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano, con la que se penalizará el ofrecimiento o demanda de servicios sexuales así como la práctica de sexo en lugares públicos situados a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos o enclaves donde se desarrollen actividades comerciales o empresariales.
El debate en el pleno se inició con la intervención de la presidenta de la Asociación de Polígonos de Málaga, Ana López, que aplaudió la iniciativa que promueve el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade.
A partir de ahí, tomó la palabra el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, cuya formación política rechazó frontalmente esta normativa por considerar que jurídicamente es "insostenible, regresiva y antisocial".
Asimismo, el concejal de IU acusó al PP de "descarrilar el debate" intentando convencer a los vecinos de "que ustedes defienden la convivencia más que nosotros". Moreno Brenes resaltó que los miembros del equipo de gobierno se han convertido en "celosos veladores de la moral pública" con una actuación que comparó con el caso Lewinsky. Además, incidió en que los problemas de los que habla la normativa "tienen solución con la legislación vigente" y de esta manera sólo se va a "ahondar en la marginalidad de las personas dedicadas a la prostitución".
Por parte del PSOE actuó como portavoz en este tema la edil Lola Fernández, quien le pidió al PP que no "improvise ni tire por el lado más fácil" con este asunto. Así, explicó la abstención de su grupo en que "nosotros no tiramos por el lado fácil y nos abstenemos porque la ordenanza es para convivir y no sólo para sancionar", en referencia a la multa de hasta 1.500 euros prevista en la ordenanza para quienes practiquen sexo en la calle.
Fernández también coincidió con el edil de IU, aunque con más suavidad, en que se podrían conculcar los derechos fundamentales con esta normativa.
Por últmo, Julio Andrade defendió que se trata de un texto con el mayor consenso de las agrupaciones vecinales y las ONG que colaboran con la prostitución.
"No queremos solucionar un problema del Gobierno de España ni de los Ayuntamientos, el de la prostitución, sino elaborar un texto con rigor jurídico, igual al del Ayuntamiento de Granada, donde lo apoyó el PSOE, o el de Barcelona, donde cogobiernan los socialistas", destacó el edil.
Por último, espetó a PSOE e IU que han perdido "el debate ciudadano" y recordó el "magnífico" equipo jurídico del Consistorio malagueño que ha elaborado esta normativa, a la vez que señaló que si en el futuro es mejorable "lo haremos".
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