La Audiencia Provincial de Almería acoge hoy la vista oral contra nueve ciudadanos españoles, rusos y búlgaros para los que la Fiscalía pide un total de 65 años de prisión por integrar una red dedicada a la trata de blancas y propietaria de tres clubes de alterne ubicados en Almería y Lorca (Murcia).
El juicio ante el tribunal de la Sección Primera, que dará comienzo a las 9.30 horas, dirimirá si la organización explotaba sexualmente a mujeres, a las que retenían hasta que saldaban la deuda que habían contraído con la organización para poder entrar en territorio nacional con un visado de turista.
La banda, según se recoge en el escrito de acusación del fiscal, llegó a crear una empresa en Rusia, 'Talismán, Internacional de Espectáculos', para «facilitar la captación» de las mujeres, a quienes ofertaban trabajo en España con garantía de ingresos mínimos que oscilaban entre los 2.000 y los 12.000 dólares y a quienes adelantaban el dinero mediante transferencia para que gestionasen su travesía. La rama búlgara de la banda, que fue desarticulada durante una operación desarrollada por la Policía Nacional en mayo de 2003, viajaba, en camino hasta este país del Este de Europa para acompañar personalmente a las víctimas en autobús hasta territorio nacional. Una vez aquí, el encargado, un acusado identificado como Vladimir S.I., las «cedía» a diferentes locales de alterne de la capital y recaudaba los beneficios que obtenían con la actividad.
Junto a Vladimir S. controlaban la organización las parejas integradas por Inocencio G.G. y Nadezna T., y José Antonio G.G. y Elena E., todos procesados ya que, según sostiene el fiscal, regentaban los clubes 'Princesa', en la capital almeriense, 'Hacienda Ródenas' en Níjar (Almería) y ' Malibú' en Lorca (Murcia). Los primeros, además, eran administradores de la mercantil 'Talismán, Internacional de Espectáculos'.
Las víctimas
A los cinco, la Fiscalía Provincial les atribuye en su escrito de acusación el haber promovido desde finales de 2002 la entrada en España con visado de turista de mujeres de nacionalidad rusa y búlgara con la intención, una vez llegaban al territorio nacional, de «aprovecharse de su carencia de recursos económicos y emplearlas en el alterne». Las víctimas vivían en pisos propiedad de la red, de la que sólo salían acompañados de los cabecillas para dirigirse a los clubes, bajo una férrea vigilancia y sometidas a unas estrictas normas de comportamiento cuyo incumplimiento conllevaba la imposición de multas que se descontaban de las ganancias por ellas obtenidas.
La responsabilidad del control de las mujeres una vez abandonaban los domicilios en los que residían y se les retiraba el pasaporte era asumida tanto por Vladimir S.I. como por otros dos procesados, Ekaterina Z. y Juan G.G., éste último señalado como «hombre de confianza» en Lorca de la pareja formada por José Antonio G.G. y Elena E.
Trama
Según recoge el fiscal, en «todos los casos» el alterne consistía en tomar copas con los clientes bien en la barra o bien en zonas reservadas de los locales. Para incentivar el consumo, las mujeres «debían acceder a tocamientos de índoles sexual y a la realización del acto sexual por 50 euros». Ellas se quedaban con la mitad de las ganancias, de las que se descontaba el dinero para satisfacer la deuda, y la otra mitad, mediante un «riguroso» sistema de anotaciones que aseguraba el cobro», iba a parar a la organización.
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