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La coordinadora de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos, Sara Vicente, se ha mostrado este jueves "totalmente contraria" a la ordenanza propuesta por el Ayuntamiento de Alicante para tratar de erradicar la prostitución de las calles de la ciudad, que penalizaría a meretrices y a clientes.

Vicente ha señalado su oposición a "cualquier medida" que sancione "a estas mujeres" ya que, en su opinión, "se crea una doble moralidad al pretender acabar" con esta práctica "en la calle pero no en los prostíbulos".

La experta ha recordado que "pese a que existe una legislación" a nivel nacional "que castiga la actividad lucrativa a partir de la explotación sexual, ésta no se aplica sobre los locales de alterne".

La ordenanza concretada por el consistorio alicantino a principios de este mes ha sido calificada por la coordinadora de "inmoral, indigna e ineficaz", y ha puesto el ejemplo de Sevilla, donde el ayuntamiento "envía una notificación al domicilio del cliente", un hecho que contribuye "a erradicar en parte la demanda".

La propuesta municipal contempla las mayores sanciones, de "1.501 y hasta 3.000 euros, para la práctica de sexo retribuido en un espacio público".

Del mismo modo, señala "una multa intermedia, de hasta 1.501 euros, aplicable al ofrecimiento, solicitud, negociación o aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando estas conductas se lleven a cabo a menos de 200 metros de distancia de centros docentes, educativos o de formación".

Vicente ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las 'Jornadas Internacionales sobre la explotación sexual de mujeres y la trata', que han comenzado este jueves en Alicante, y en la que también ha estado presente la presidenta de la Asociación de Mujeres de Noche buscando el Día (AMUNOD), María Teresa López Sirgado.

López Sirgado ha indicado que la propuesta del ayuntamiento de la ciudad "todavía no ha pasado por pleno, por lo que está abierta a posibles modificaciones".

En cuanto a su contenido, ha dudado "de su efectividad, ya que si se multa con 3.000 euros a las prostitutas, difícilmente se las va a ayudar para que puedan salir adelante".

Sin embargo, ha apuntado que "si realmente esa ordenanza es el comienzo de una política verdadera de reinserción laboral y se consigue que las mujeres abandonen la calle, sí que es positiva".

Hermetismo de los clubes

En lo referente a la prostitución en la provincia de Alicante, la presidenta de AMUNOD ha manifestado "la enorme dificultad que entraña obtener cifras" ya que por un lado "los clubes son totalmente herméticos" y, por otro, "las chicas son sometidas a una movilidad" geográfica "que hace imposible su censo".

Sirgado ha explicado que "actualmente, AMUNOD recibe las mayores ayudas por parte del Ayuntamiento de Alicante", al tiempo que ha denunciado el descenso en la subvención recibida por parte de "la Dirección General de la Mujer (órgano perteneciente a la Generalitat Valenciana), que se ha quedado en 7.000 euros".

En este sentido, ha reiterado que "en 2009 ya se recortaron estas ayudas en un 50 por ciento", con lo que este descenso "hace peligrar el servicio gratuito telefónico que la asociación presta a toda la Comunidad", aunque ha apostado por "mantenerlo como sea".

Entre Vicente y Sirgado creen que el perfil de "las mujeres obligadas a practicar la prostitución" en Alicante responde a "jóvenes mayoritariamente extranjeras, de origen ruso o latinoamericano", con un elevado repunte de nacionalidad paraguaya, "y chino, un proxenetismo oculto y guardado bajo gran secretismo".

Erradicación de los anuncios en prensa

Las entidades participantes en el congreso han exigido además la supresión de los anuncios de prostitución de la prensa escrita en España, puesto que "fomenta la explotación sexual de las mujeres y la violencia de género" y han instado a la sociedad y a las instituciones públicas a tomar conciencia de este sistema de explotación.

La coordinadora de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres ha vinculado sus declaraciones al debate en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley para suprimir los anuncios de prostitución en la prensa.

En el debate del martes, los grupos parlamentarios apostaron de momento por la autorregulación a la espera de que el Consejo de Estado emita su informe sobre esta cuestión y sea el Gobierno quien regule. Un vez publicado dicho informe, el Gobierno deberá remitir a la Cámara Baja, en un plazo de cuatro meses, una propuesta que promueva la desaparición de este tipo de publicidad a tenor de los dispuesto por el Consejo de Estado.

Además, el acuerdo parlamentario reclama que se promueva, en colaboración con las comunidades autónomas, campañas de sensibilización social contra la explotación sexual y los soportes publicitarios vinculados.

Según Sara Vicente, la prostitución "no es un trabajo", sino "un sistema de explotación sexual" y, en esta línea, ha instado a los medios de comunicación a realizar un tratamiento serio de esta cuestión y no dar pábulo a los proxenetas y asociaciones de proxenetas, porque "aumenta la trata".

En opinión de la coordinadora, con la publicidad, los medios de comunicación se lucran "con la explotación sexual de las mujeres" y ha añadido que "España es el único país de la Unión Europea (UE) con anuncios de prostitución en la prensa generalista".

 

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