La primera ordenanza municipal en multar la prostitución callejera y la mendicidad cumple su primer año de aplicación con división de opiniones sobre su eficacia.
Un año de ordenanza, un año de convivencia. En octubre de 2009, Granada aprobó la primera norma municipal que multa la prostitución callejera, y empezó a aplicarla apenas un mes después. La norma incluía medidas para combatir también la mendicidad, la venta ambulante ilegal, el "botellón" o los "graffitis", ha servido de inspiración para su ordenanza hermana en Malaga y ésta, al mismo tiempo, recurrida ante el Tribunasl Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Su aplicación se ha saldado con 3.322 denuncias, 508 relacionadas con la prostitución, mientras el Ayuntamiento de Granada estudia su primera modificación. La medida más llamativa fue la de las multas al ofrecimiento, demanda o práctica sexual en la vía pública que puede alcanzar hasta los 3.000 euros de sanción, aunque ahora se estudia conmutar la multa por servicios comunitarios. Sin embargo, la norma iba acompañada de normas sobre el uso del espacio público que hicieron que el llamado Grupo de Juristas 17 de marzo la recurriesen por violar supuestamente "principios y grantías constitucionales", como el derecho de reunión o manifestación. La Asociación de Vecinos Albayda, que aglutinaba a los de la carretera de Jaén, lugar habitual para las meretrices callejeras, valora "muy positivamente" el año de aplicación, ya que han desaparecido las situaciones que denunciaban entonces, como bajar la basura y encontrarse a una profesional "ejerciendo" o escuchar las transacciones de turno bajo sus ventanas. La presidneta de la asociación, Carmen Lorenzo, admite que, "en realidad, se han trasladado unos 200 metros, pero por lo menos ahora la Policía no pasa de largo". El profesor Francisco Jiménez Bautista, que enseña Antropología Social en la Universidad de Granada y está especializado en el estudio de la prostitución, explica que "en realidad, no han salido de Granada; algunas se han movido 200 metors para entrar en los términos de Pulianas o Maracena, y la mayoría se ha trasladado a clubs de alterne o alquilado pisos que gestionan los proxenetas". Del Moral, impulsor de la ordenanza, sostiene que "tiene poco sentido intentar cobrar a las prostitutas. La mayoría de las multas que se pagan voluntariamente son de clientes que no quieren que llegen la notificación a casa". La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera, por su parte, que "convivencia ha habido poco o nada" y que se ha precarizado la situación de los colectivos más vulnerables. "Anunciaron que el dinero de las multas iría para programas sociales, y de eso no hemos visto nada", denuncia la portavoz, Natalia Rodríguez. "Además, muchos indigentes se han quedado sin su fuente de ingresos como era la música o la venta ambulante, y las prostitutas no les ofrecen alternativas". El Ayuntamiento señala que aún se están ejecutando "las multas de mayo" y que los colectivos multados en esos casos difícilmente van a pagar. En cuanto a los programas sociales, de momento hay en marcha una campaña de concienciación sobre exploación sexual. También se estudia la posibilidad de que el Consistorio ofrezca los servicios comunitarios como alternativa a la multa "aunque no está claro si es posible, ya que lo normal es que lo decrete un juez". La principal queja de los juristas es la "indefesión" en que quedaría el ciudadano, al dejar qué es punible a la interpretación del policía local que áctue en cada caso. De hecho, se dan muchas multas que acaban en duncia por atentado a la autoridad ante la negativa a facilitar datos, como en el caso del joven sancionado por beber una coca-cola en la calle. "Hay que aplicar el sentido común", pide José Manuel Fernández, portavoz de la policía. "Entiendo que las quejas llegan de gente que no confía en el criterio de un municipal, pero ¿a quién llamas para controlar el tráfico cuando hay un atasco?"