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83 millones de euros de ingresos en 10 años por la mayor red de prostitución destapada en España

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uno de los acusados, esposado por la policia
uno de los acusados, esposado por la policia

Implantar «negocios» en Panamá, Paraguay, Bolivia, Etiopía, Irak, Ecuador, Kazajistán y promociones de viviendas en España para «blanquear» importantes cantidades de dinero. Esto era lo que, presuntamente, pretendía llevar a cabo Antonio Herrero Lázaro, uno de los presuntos dirigentes de la «red de prostitución» detenido en la «operación Pompeya», considerada la la mayor operación contra el fraude fiscal y el lavado de dinero por esta actividad que se ha realizado en España hasta la fecha, según se recoge en el auto de prisión dictado contra él por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El magistrado mandó también a prisión a quien entonces era su principal socio, José Vera, al considerar que ambos ingresaron cerca de 83 millones de euros en diez años en las cuentas bancarias que titularizaban como personas físicas. Herrero habría recibido ingresos de 33 millones y Vera, de 50 millones entre 2004 y 2014.
Andreu sostiene que hay indicios de que ambos habrían defraudado una «gran cantidad de dinero a la Hacienda Pública», al no declarar todo lo recaudado en los clubes de alterne que gestionaban, y, además, habrían realizado «numerosas operaciones susceptibles de ser operaciones de blanqueo de capitales, mediante ampliaciones de capital a través de compensaciones de créditos o deudas, reducciones de capital y reparto entre los socios, uso de dinero en efectivo, compraventa de oro y antigüedades, inversión directa en bienes de naturaleza inmobiliaria», entre otras.
Respecto a Herrero, el magistrado señala el «posible» propósito que tenía «inyectar en el flujo legal el dinero generado por la explotación de los clubes de alterne que regenta la organización», y, de acuerdo a la «temática subyacente» en las conversaciones interceptadas, se desprende que pretendía lograr ese objetivo mediante «negocios» de fabricación de paneles de hormigón y construcción de viviendas en Panamá, Paraguay, Camerún, Irak, Etiopía, Ecuador, Kazajistán, así como en distintas provincias españolas. Tenía una serie de contactos en esos países, que en el caso de Kazajistán, era alguien que «parece estar relacionado con el consulado».
En todo caso, no tenía la más mínima intención de correr riesgos con el dinero, y lo expresa claramente cuando se alude a los «intereses en Etiopía». Según relata el magistrado, su contacto en ese país le plantea un negocio allí, momento en que Herrero muestra su preocupación por las «condiciones económicas del país, y, sobre todo, por si hubiera problemática para poder repatriar el dinero generado».
También se observa los «buenos contactos para promocionar los productos» que tenía en los negocios que quería implantar en Paraguay. Así, en una conversación que mantiene el pasado mes de marzo,su interlocutor en ese país le comenta que «va a coger a gobernadores, alcaldes y ministros para invitarles» a que vean sus proyectos.

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