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Denuncian ante el Defensor del Pueblo los obstáculos impuestos a embarazadas sin papeles que quieren abortar en Madrid

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Karla (nombre ficticio) acababa de llegar a Madrid cuando conoció su estado de embarazo. “Vine a encontrar un trabajo para enviar dinero a mi hija, aquí no tengo nada aún”, explica la mujer a eldiario.es. En su país, Honduras, el aborto está penado. En España es un derecho reconocido para todas las mujeres que no hayan superado la semana 14 de gestación, pero ella, como otras embarazadas en situación irregular, se chocó con una carrera de obstáculos para acceder a la sanidad pública y conseguir interrumpir su embarazo en el plazo establecido.

Women’s Link y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) han denunciado ante el Defensor del Pueblo las trabas que enfrentan mujeres migrantes en situación irregular para abortar. El origen de la discriminación se remonta a la reforma sanitaria del Partido Popular, que excluyó de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, salvo embarazadas, menores y casos de urgencias. Sin embargo, la indefinición de la normativa se traducía en la práctica en numerosos casos de mujeres a las que negaban acceder al sistema nacional de salud a pesar de su embarazo. Tras la entrada en vigor del Real Decreto 7/2018, aprobado por Pedro Sánchez en julio para “recuperar la sanidad universal”, persisten los problemas en la aplicación de la ley.

La nueva normativa deja una serie de grietas que permiten la elevación de barreras de los gobiernos autonómicos a la asistencia sanitaria de diversos colectivos, entre ellos, las mujeres embarazadas sin papeles que lleven menos de 90 días residiendo en España o no puedan demostrar una estancia superior a tres meses. Y cuando estas quieren abortar, las dificultades de acceso al sistema sanitario retrasa la ejecución de su derecho.

El testimonio de Karla, recabado por eldiario.es, se añade a otros seis casos de mujeres migrantes en situación irregular, documentados por Women’s Link y la CIMTM, que se encontraron con trabas para abortar en la Comunidad de Madrid a cargo de fondos públicos.

De los seis casos incluidos en la denuncia ante Francisco Fernández Marugán, la mitad ha tenido lugar cuando la reforma sanitaria del Partido Popular se encontraba en vigor; mientras que los otros tres restantes ocurrieron tras la puesta en marcha del real decreto sanitario del PSOE. Según las ONG, se trata de mujeres que “se encontraban en situación de vulnerabilidad”, por estar en situación irregular y, algunas de ellas, “eran víctimas de trata o explotación sexual”.

Los casos

Mercy (nombre ficticio), de origen nigeriano, es una de ellas. Acumulaba nueve semanas de embarazo cuando solicitó la interrupción voluntaria. Según la información facilitada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Mercy presentó su pasaporte y el empadronamiento actualizado, pero le denegaron el acceso a la sanidad. “Le comunicaron que debía realizar un trámite la Tesorería de la Seguridad Social y, además, le pidieron un contrato de trabajo en España o un permiso de residencia en vigor”, explican. La Comisión acudió a las oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social donde les indicaron que la entrega de ese documento requerido no forma parte del ejercicio sus competencias”.
Las trabajadoras de la ONG que realizaron los acompañamientos regresaron al centro de salud donde les volvieron a negar la asistencia “hasta en dos ocasiones”. Finalmente, lograron completar el trámite necesario para acceder al sistema nacional de salud y, con ello, a su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Habían pasado 15 días. Se encontraba en la semana 11 de gestación, muy cerca del límite legal para abortar, de 14 semanas, aseguran desde la organización.

“Los obstáculos detectados en el acceso a la sanidad pública por parte de personas migrantes en situación irregular tienen un impacto específico en las mujeres y niñas y, particularmente, en sus derechos sexuales y reproductivos y, concretamente, en su derecho al aborto”, sostienen desde Women’s Link.

En octubre de 2018, la Comisión detectó otro de los episodios incluidos en la queja. María (nombre falso), una mujer de origen búlgaro, en situación administrativa irregular, “con indicios de ser una potencial víctima de trata con fines de explotación sexual solicitó interrumpir su embarazo”, describen las organizaciones firmantes. El centro de salud negaba el acceso a la sanidad por no disponer del empadronamiento, relatan, por lo que la afectada y la trabajadora del Centro de Atención Integral a la Mujer Concepción Arenal (que efectuaba la labor de acompañamiento) decidieron acudir a a otro centro de salud (el centro de salud Maqueda) en Madrid, en el que también le negaron el acceso al sistema “a pesar de haber presentado un informe del centro certificando el lugar preciso en donde la mujer tenía su domicilio habitual”.

Después de que el centro Concepción Arenal, de titularidad municipal, solicitase una reunión con la directora del centro de saludo y “tras una larga espera, el personal administrativo del centro de salud accedió” a introducir en el sistema, lo que le permitió interrumpir voluntariamente su embarazo.

¿Por qué no pueden acceder a la sanidad?
En el caso de las personas en situación irregular, por lo general, se ha recuperado su derecho a la asistencia sanitaria, considerándose uno de los logros de la nueva legislación. Excepto cuando las personas sin papeles llevan menos de tres meses en España o no pueden acreditar una estancia mayor de 90 días en el país debido a, por ejemplo, problemas en la tramitación de su empadronamiento.

El Real Decreto de Pedro Sánchez contempla estos casos: aunque en principio no tienen derecho al sistema de salud hasta cumplir los tres meses en España, pueden ser atendidos antes de cumplir los 90 días de estancia mediante la presentación de un informe social que acredite la necesidad de ser asistidos.

En “aquellos casos en que las personas extranjeras se encuentren en situación de estancia temporal (menos de 90 días en España)” será necesaria “la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades autónomas”, reza la normativa. No especifica, sin embargo, el modo de actuar ante embarazadas, menores o urgencias, lo que se está traduciendo en casos de exclusión sanitaria de estos perfiles más vulnerables.

Hasta enero de este año, Médicos del Mundo identificó al menos 17 casos de mujeres embarazadas con problemas a la hora de recibir asistencia sanitaria tras la puesta en marcha de la normativa sanitaria de Pedro Sánchez.

El caso de la Comunidad de Madrid
Las interpretaciones restrictivas de la nueva legislación se están produciendo en casos de exclusión documentados en la Comunidad de Madrid por Médicos del Mundo. La Consejería de Sanidad lanzó hace cerca de un año instrucciones a través de sus cursos de formación destinados a los funcionarios para que el personal administrativo diferencie, mediante la comprobación de su pasaporte o visado, entre un migrante que resida en España en situación irregular y un turista, como confirmó el Ejecutivo regional a eldiario.es. En la práctica, estas indicaciones están derivando en la exclusión de embarazadas sin papeles cuya residencia en el país no supera los 90 días, como lleva denunciando desde entonces Yo sí Sanidad Universal.

La falta de asistencia médica a embarazadas con menos de tres meses de estancia en España ya se producía en la Comunidad de Madrid durante la etapa del PP en el gobierno central, pero la norma aprobada por el PSOE no ha acabado con ella por el momento. Desde el Ministerio de Sanidad defienden que “la norma es clara” y consideran que el problema se produce debido a una aplicación incorrecta por parte del Gobierno autonómico. Además, las mismas fuentes recuerdan a eldiario.es que la intención del Ejecutivo de Sánchez era desarrollar una ley que sustituyese al real decreto, que podría incluir nuevas enmiendas, pero su tramitación parlamentaria se frenó tras la disolución de las cortes.

Cada vez que acudió al centro de salud de Villa de Vallecas para recibir asistencia sanitaria, Karla se enfrentaba a negativa tras negativa. “Me decían que no tenía derecho porque, al estar menos de 90 días, era como si estuviese de turismo”, explica la mujer, que trató de arreglar la situación en este ambulatorio madrileño y, posteriormente, en el Hospital Ramón y Cajal.

“Me pedían el papel del empadronamiento, pero la fecha que aparecía era la del 27 de diciembre, aunque yo llegué a España el 29 de octubre. Entonces, el personal de administración respondía que no podía ir al médico hasta el 27 de marzo”, detalla la mujer. “Pasaban los días y tenía más angustia. Acababa de llegar a España, no tenía trabajo, tenía que centrar todos mis esfuerzos en la hija que tengo allá”, reconoce Karla. La mujer, de 28 años, contactó con Médicos del Mundo Madrid. Entonces, a través del acompañamiento de la organización, logró acceder al sistema sanitario.

Poco después, acudió a la Clínica El Bosque, en Madrid, para proceder a la interrupción voluntaria de su embarazo.

Vía: https://www.eldiario.es/desalambre/Denuncian-Defensor-Pueblo-obstaculos-embarazadas_0_887161974.html

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