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El IV Informe de seguimiento del Plan contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual

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El Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual abarca el período 2015-2018. Este año se han aprobado los informes II (relativo a 2016) y III (relativo a 2017). El IV informe, que ahora se presenta, contiene los datos relativos a 2018 y cierra la vigencia del Plan Integral.

La trata en España en 2018

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a través de las entidades encargadas de proporcionar asistencia a mujeres en situación de prostitución, ha detectado y atendido a 13.317 mujeres con signos de trata o explotación sexual. De ellas, 4.302 mujeres presentan claros indicios de trata con fines de explotación sexual y las 9.028 restantes son víctimas de explotación sexual.

Asimismo, las estadísticas oficiales del CICO (Centro de Inteligencia para el Crimen Organizado) muestran que en 2018 se llevaron a cabo 2.036 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, detectando un total de 9.315 personas en situación de riesgo. Se instruyeron 135 atestados; 61 relacionados con la trata con fines de explotación sexual y 74 solo por explotación sexual (sin trata). Se han desarticulado 10 organizaciones criminales y 36 grupos criminales (las organizaciones son más complejas en estructura y medios que los grupos criminales).

En cuanto a los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (sección de Extranjería), cabe destacar que en 2018 se investigaron 91 casos de trata con fines de explotación sexual (identificándose a 331 víctimas y entre ellas 11 menores) así como a otras 83 mujeres en situación de grave riesgo por explotación de prostitución. Se identificaron 35 organizaciones o grupos criminales.

Conclusiones

A la vista de las prioridades establecidas en el Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el informe hace balance positivo de la colaboración institucional. Señala que existe una mayor conciencia de trabajo en común, especialmente positiva respecto al proceso de intervención con las víctimas de trata. Igualmente positiva es la colaboración con la sociedad civil, entre otras cuestiones por la participación en procesos de decisión y por su trabajo especializado en favor de la protección de la víctima.

Tanto desde la perspectiva estatal como autonómica el documento destaca el abordaje de la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia que se ejerce contra las mujeres, en línea con lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El informe también plantea la necesidad de aumentar el conocimiento por parte de la sociedad española sobre el problema de la trata y su vinculación con la prostitución, y destaca el incremento de los fondos orientados a la detección y asistencia a las víctimas de trata constituye un gran paso en el mantenimiento de una red estable de recursos y especialización ante situaciones de vulnerabilidad.

Por último, destaca el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, al privar a los delincuentes de los beneficios del delito, un factor esencial para acabar con este negocio tan lucrativo.

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