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El Plan contra la Trata prevé que las ONG accedan a las mujeres inmigrantes rechazadas en las fronteras

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El último borrador del Plan Nacional contra la Trata que debe renovar el que venció en el año 2012 contempla que el Ministerio del Interior facilite el acceso de las ONG especializadas a las mujeres extranjeras que son rechazadas en las fronteras españolas, a fin de que puedan detectar si son víctimas de estos delitos. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado calcula que 45.000 mujeres son víctimas de trata en España.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, es un boceto avanzado del Plan Nacional que tendrá vigencia hasta 2018 y que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, coordinadora de la iniciativa, ha remitido a distintos agentes sociales para informe. Pone el foco en particular en la trata con fines de explotación sexual y no cuenta ni con memoria económica ni con mecanismos de evaluación de los objetivos que plantea.

Enuncia en total 130 medidas a adoptar o a promover organizadas en cinco prioridades: Detección y refuerzo de la prevención de la trata, Identificación, protección y asistencia a las víctimas; Análisis y mejora del conocimiento; Persecución más activa a los tratantes y Coordinación y Cooperación entre instituciones y sociedad civil.

Es en materia de identificación donde se contempla la “adopción de medidas para facilitar el acceso de las organizaciones especializadas a las mujeres rechazadas en frontera, a fin de reforzar la detección de posibles víctimas de trata”, competencia que se atribuye al Ministerio del Interior.

No detalla cómo se hará, pero en la actualidad, está en marcha una reforma de la Ley de Extranjería que permitirá precisamente bajo la figura del rechazo en frontera la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y Melilla donde, en paralelo, se prevé la creación de oficinas en las que se podrá solicitar protección internacional.

En la misma línea, el Plan Nacional establece que las ONG tendrán “acceso” a estas mujeres antes de que las fuerzas policiales realicen la “entrevista de identificación formal” de la que depende que sean o no reconocidas como víctimas y tengan acceso a la protección. Sobre este asunto, introduce el compromiso de elaborar “instrucciones” que desarrollen el procedimiento que se sigue en estas entrevistas.

También para las fronteras, se prevé la “capacitación específica” de los agentes policiales y de los profesionales que trabajan en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de Acogida de Refugiados (CAR) –no menciona los CIE– para “favorecer la detección de víctimas de trata”, igual que deberán recibir formación quienes instruyen las solicitudes de asilo. Sólo 9 mujeres en la historia han conseguido protección internacional en España por ser víctimas de trata.

En este sentido, recoge la “elaboración de un protocolo de coordinación entre la Oficina de Asilo y Refugio y las fuerzas policiales para aquellos casos en que durante la tramitación de una solicitud de asilo “se aprecien indicios razonables de trata de personas”. Establece que se creará un grupo de trabajo para agilizar los trámites de documentación y que se “velará” por un “análisis especializado” en las peticiones de permiso de residencia.

CRITERIOS PARA LOS PERMISOS DE RESIDENCIA

Precisamente, otra de las novedades versa sobre estas autorizaciones, al contemplar que se establecerán “criterios para la concesión de permisos de residencia por circunstancias excepcionales atendiendo a la colaboración de la víctima en la investigación”, algo que vienen reclamando las ONG para evitar la arbitrariedad.

La Ley de Extranjería contempla que las víctimas dispongan de un periodo de reflexión de 30 días para decidir si colaboran con la Justicia y así, acceder al permiso. Según datos de Interior, en 2014 la policía identificó a 153 víctimas de trata y sólo 39 de ellas se acogieron al restablecimiento. El Plan Nacional contempla crear “pautas de actuación” específicas sobre el modo en que se ofrece, se tramita y se concede esta posibilidad.

En materia normativa, la Estrategia prevé la redacción de diversos protocolos de actuación, como uno específico para la detección coordinada de menores víctimas de trata, otro común de actuación sanitaria para la detección y derivación de casos, la elaboración de “un catálogo de derechos y servicios especializados” para estas personas o “una propuesta de criterios o estándares mínimos” para la intervención con ellas.

Asimismo, plantea la “elaboración de una propuesta legislativa para considerar como menores de edad a las personas identificadas como víctimas de trata cuando existan dudas sobre su edad y en tanto esta se determina” ‘FOLLOW THE MONEY’

El Plan Nacional dedica 18 de las medidas a promover una persecución “más activa” de los tratantes y recoge como novedad, impartir “formación en materia de investigación patrimonial y financiera como instrumento para la obtención de pruebas y para facilitar el seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos de este delito” que es uno de los tres más lucrativos del mundo, junto al tráfico de drogas y de armas. Mueve cinco millones de dólares cada día sólo en España.

La cuestión de la formación de los agentes implicados está muy presente en todo el documento, que prevé incorporar la trata de seres humanos a los programas formativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sensibilizar a los militares en misión de paz en el exterior, introducir este tema en los planes de convivencia de los centros educativos, en los profesionales de los centros de menores y en la prensa.

Precisamente, sobre los medios giran parte de los objetivos en materia de prevención, con toda una batería de medidas de promoción de jornadas internacionales sobre la trata y campañas específicas, como “una de sensibilización dirigida a concienciar acerca de la incidencia de la demanda de prostitución en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Se recogen además otras iniciativas, como “velar” por la eliminación de las imágenes estereotipadas y los contenidos sexistas “en relación con la incidencia de la demanda de servicios sexuales en la trata de mujeres y niñas”, impulsar “un código de buenas prácticas para los medios de comunicación” o promover “códigos de autorregulación que favorezcan la eliminación de los anuncios de contactos”.

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