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En prisión el policía de Burriana por corrupción y prostitución de menores

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La investigación sigue abierta a la espera de concretar el número de las víctimas que podría superar la docena. Pese a ser condenado a un año y 9 meses de cárcel en el 2011 por falsificación de la ITV, continuaba ejerciendo.

Directo a la cárcel. El juez del juzgado de Instrucción número 6 de Castellón ha enviado a prisión al agente de la Policía Local de Burriana, José Antonio M.M., como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, prostitución de menores y abusos sexuales prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad, según confirmaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El detenido, como publicó Mediterráneo ayer en exclusiva, declaró durante varias horas en el juzgado, pero en base a las pruebas tan contundentes aportadas por los investigadores, el juez determinó su ingreso inmediato en prisión, comunicada y sin fianza. Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario y no se descarta su imputación por más delitos. Asimismo, como detallaron fuentes judiciales, el número de víctimas (todos varones, de entre 15 y 17 años de edad) podría superar la docena.

Al parecer, el policía local, que tenía acceso a las bases de datos de menores con problemas (trabajaba en el edificio de los Servicios Sociales municipales de Burriana) contactaba con ellos por teléfono. Tras esto, presuntamente, les hacía regalos como móviles y después les solicitaba, supuestamente, fotografías de índole sexual. Después, iba más allá y, presuntamente, les exigía mantener relaciones sexuales bajo supuestas amenazas y coacciones. Las víctimas están ahora bajo tratamiento psiquiátrico.

SENTENCIA FIRME // Se da la circunstancia de que el policía local de Burriana, que es natural de Castellón, ya fue condenado a un año y nueve meses de cárcel en el 2011 por falsificar la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de un coche que había sido inmovilizado por sus compañeros en un control de alcoholemia. El turismo, como consta en el sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Castellón, fue enviado al depósito municipal. El acusado, entonces, aprovechó que el dueño del turismo no tenía seguro ni los papeles ni dinero ( 600 euros de tasas) para intentar vender ese coche.

De este modo, seguiendo con su plan, se lo ofreció a un rumano que conocía. Para ello, valiéndose de su condición de agente de la autoridad, falsificó los documentos de la ITV, así como el sello de color azul y la firma, y con esta artimaña llamó al dueño del coche y le dijo que había una persona interesada en pagar las tasas y en quedarse el vehículo. Pese a ello, un oficial de la Policía Local de Burriana se percató de sus intenciones y lo denunció por lo que fue detenido. El policía recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que confirmó la condena íntegramente declarando así en enero del 2012 su firmeza.

EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS // A raíz de esto, el Ayuntamiento tomó medidas y un instructor le abrió entonces un expediente disciplinario por lo que fue apartado de sus funciones durante el tiempo de la condena: un año y nueve meses, como explicó ayer a Mediterráneo la concejala de Seguridad de Burriana, Esther Pallardó. Tras cumplir este periodo, detalló Pallardó, “se reincorporó”. Su destino fue entonces el edificio de los Servicios Sociales. La edila concretó que, además, en enero le volvieron a abrir un nuevo expediente con una propuesta de 35 días de suspensión de sus funciones, pero por un asunto interno, como fue no cumplir con un servicio que le había sido encomendado. Esta medida correctiva no le llegó a ser aplicada.

Pallardó aseguró que tuvieron conocimiento de que había sido detenido el martes, cuando a la comisaría de Burriana acudió una comisión judicial para inspeccionar su taquilla y el equipo informático común, donde, como desveló, “no encontraron nada”. Y añadió: “De por qué fue detenido nos hemos enterado por la prensa”. “Esta mañana –ayer para el lector– hemos aprobado unas medidas cautelares de seis meses de suspensión de funciones, más los 35 días que tiene pendientes, a la espera de las decisiones judiciales”, concluyó Esther Palladó.

La investigación continúa en estos momentos abierta. H

Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com

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