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Inspectores de Hacienda, plantean legalizar la prostitución y la marihuana.

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La IHE pide la legalización de la prostitución y las drogas blandas para aumentar la recaudación

Calculan que la medida aumentaría la recaudación en 6.000 millones de euros al aflorar, al menos, 18.000 millones de economía sumergida.

En un momento en el que Europa comienza a incluir la aportación de determinadas actividades ilícitas como parte del Producto Interior Bruto, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado que la prostitución y el tráfico de drogas blandas, como la marihuana, «puedan llegar a ser legalizadas» para luchar mejor contra sus efectos adversos y aumentar los ingresos públicos. La asociación ha recordado un informe de la patronal de locales de alterne de 2002 que estimaba entonces el peso del sector en 18.000 millones de euros anuales. A partir de estos datos calculan que, al tributar un 30% del total, Hacienda recaudaría 6.000 millones de euros si se legalizara solo esta actividad.

 

Así consta en un documento sobre la reforma fiscal y los «agujeros negros» del fraude presentado ante medios por el presidente de la IHE, Ransés Pérez Boga, que destacó las experiencias de Uruguay o el estado norteamericano de Ohio en la despenalización de la marihuana. La legalización, en sus palabras, supondría un aumento de cotizantes de la Seguridad Social y de beneficiarios de prestaciones sociales, luchar de manera más efectiva contra la corrupción o las mafias asociadas al tráfico de drogas y la prostitución, así como un control más exhaustivo del negocio que mueven ambas actividades, ya que se van a incorporar al PIB desde el próximo mes de octubre de acuerdo a un cambio metodológico impulsado por Bruselas.Por ello, el organismo ha pedido abrir un debate sobre la cuestión.

Precisamente con el objetivo de perseguir este tipo de actividades ilícitas, la IHE reclama también eliminar los billetes de 200 y 500 euros para combatir la economía sumergida. Y aboga por aumentar el umbral del delito fiscal a 600.000 euros (frente a los 120.000 actuales) y subir la pena para que, aún en el caso de que se repare el daño o no se cuente con antecedentes penales, se ingrese realmente en prisión. Los inspectores piden cambiar el Código Penal para considerar los delitos fiscales como continuados con la suma de las cuotas defraudadas en cada ejercicio y que se aumente el plazo de prescripción de cinco a seis años.

Censo de morosos
Otra de las recomendaciones del organismo consiste en crear un censo público de morosos con Hacienda, para que cualquier ciudadano pueda conocer quién tiene facturas pendientes con el Fisco a partir de una cierta cantidad adeudada.

En cuanto a la reforma fiscal que se aprobará el próximo 20 de junio y la futura reforma de la financiación territorial, los inspectores han sugerido recuperar la gestión estatal del Impuesto de Sucesiones, el de Patrimonio y el de Donaciones para evitar, como denunció el inspector de Hacienda Domingo Carbajo, la «guerra sucia» entre autonomías. La organización también ha planteado unificar el sistema informático de la administración tributaria para así integrar la red estatal, autonómica y local.

Mayor control sobre los políticos
Asimismo, los inspectores piden que la Autoridad Fiscal sea «realmente independiente» para lo que es necesario «que esté formada por funcionarios no afiliados a ningún partido y de alta calidad técnica». Y recomienda aumentar el control sobre el gasto público reforzando el Tribunal de Cuentas y persiguiendo más la corrupción de cargos políticos. Por último, proponen modificar la ley de partidos políticos para prohibir su financiación pública.

Pagos con tarjeta para luchar contra el fraude
Para estrechar el cerco sobre el fraude fiscal los inspectores también piden que se impulsen los pagos con tarjeta y con medios electrónicos, por ejemplo en los taxis, y ampliar las restricciones de los pagos en efectivo a la vez que se potencia el intercambio de información con los órganos de la Seguridad Social. Y sugieren rechazar las deducciones de determinados gastos que se hayan realizado en efectivo. Asimismo, con el fin de acabar con los paraísos fiscales, el organismo aboga por la obligación de los bancos a identificar a sus clientes, el intercambio de información entre países y la posibilidad de pago a confidentes.

Fuente: www.abc.es

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