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Interior rectifica y frena la expulsión de dos testigos clave para que cayera la mayor red rusa de trata

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Igor Chernavsky lideraba la red que introdujo a 8.000 mujeres.

 

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Laura y Clara se quedan. En sus pisos. En sus trabajos en tiendas de moda. En las vidas a las que llegaron tras escapar de la red que las trajo desde Rusia para ser prostituidas y ayudar a que sus explotadores fueran detenidos. Cuatro meses después de que el Ministerio del Interior ordenara su expulsión del país, las dos testigos protegidas que ayudaron a acabar con la mayor organización rusa de explotación sexual del sur de Europa han recibido el permiso de residencia y trabajo que les fue revocado.

A inicios de febrero, el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aprobaba sendas resoluciones por las que se denegaba el permiso de estancia que desde noviembre de 2011 Laura y Clara -nombres ficticios- renovaban anualmente por su colaboración con la Policía Nacional y la Justicia. Aunque en los informes revelados por EL MUNDO el 13 de marzo se reconocía la ayuda de ambas para “localizar, identificar y detener a miembros de una organización delictiva”, Interior decidía denegarles la estancia legal en el país. Según los argumentos entonces esgrimidos en un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería, las mujeres nunca habían sido víctimas de la gigantesca red de trata que ayudaron a desarticular y, por tanto, no había razón para permitirles residir legalmente.

Interior ordenó que fueran expulsadas de España, además, un mes después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional llegara a un acuerdo sobre las condenas para los miembros de la red liderada porIgor Chernavsky, acusado de introducir a 8.000 mujeres para ser prostituidas en clubes y pisos repartidos por varias comunidades autónomas. Las dos testigos protegidas tuvieron permiso de residencia durante los cuatro años que duró la instrucción del primer caso de estas características que, por sus dimensiones, llegaba a la Audiencia Nacional. Un periodo durante el cual rehicieron sus vidas tras entrar en el circuito de protección de una ONG. Una vez se cerró el caso con penas de ocho años de cárcel para 17 personas, la Comisaría General de Extranjería consideró que los permisos de las dos testigos protegidas debían ser revocados.

Poco después de que este diario revelara las órdenes de expulsión, la Policía Nacional inició la revisión de los casos. Una reconsideración que ha concluido con una rectificación de Interior. Una portavoz de la Secretaría de Estado de Seguridad confirmó que las dos mujeres han recibido ya en mano las resoluciones en las que se aprueban sus permisos de residencia y trabajo durante un periodo de cinco años renovables una vez finalizado ese plazo. Al contrario de lo que se sostuvo en las dos órdenes anuladas antes de ser ejecutadas, en esta ocasión sí se reconoce a Laura y Clara como víctimas de la red de trata de mujeres.

La Secretaría de Estado de Seguridad basa la nueva resolución -firmada el 25 de marzo- en el artículo 59 de la Ley de Extranjería, el cual aprueba la adjudicación de permisos de residencia y empleo de forma extraordinaria por colaborar en la lucha contra las redes criminales organizadas. Es decir, Laura y Clara se quedan.

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