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La alegalidad de la prostitución favorece la impunidad de los abusos

Publicado en: Artículos de Opinión | 0

La presidenta de la asociación Mujeres Jóvenes de Murcia (Mujomur), Loola Pérez, hace hincapié en que «como apunta la GAATW (Alianza Global Contra la Trata de Mujeres), no existe una definición internacional sobre el concepto de explotación sexual y por tanto, cada país aborda esto de diferentes formas».

En su opinión, «la falta de precisión hace, que según quien gobierne o esté en las instituciones, se le introduzca cierto grado de sentimentalismo». De esta forma, «estamos en un momento en el que se prefiere hablar de explotación sexual que de trata: lo primero crea pánico moral y al prescindir apelar a lo segundo, evadimos la pregunta de por qué fallan los protocolos de trata».

Pérez subraya que «es importante señalar también que, cuando hablamos de explotación sexual, en ocasiones hablamos más bien de explotación laboral».

«Por ejemplo, en el caso concreto de la prostitución: si estuviera regulada, una trabajadora sexual que es obligada por un empresario a hacer 12 horas de trabajo, en lugar de 8, o que no le permite elegir clientes, no hablaríamos ahí de explotación sexual, sino de explotación laboral», asevera.

Si esto ocurriese, «sería entonces más fácil de denunciar estas situaciones y de perseguirlas con una regularización, o al menos, reconociendo derechos laborales a trabajadoras sexuales». «La alegalidad en la que se encuentra la prostitución en España favorece la impunidad de los abusos en la industria del sexo», considera.

Para la presidenta de Mujomur, «el trabajo sexual es un trabajo, dicen las trabajadoras sexuales y las plataformas que las representan cuando el estigma les impide dar la cara».

«No podemos silenciar sus demandas escudándonos continuamente en un fenómeno totalmente distinto, que es un delito, como es la trata con fines de explotación sexual», insistió.

Además, Pérez cree que «los planes contra la trata que plantea el Gobierno son necesarios, pero presentan muchas deficiencias. Para empezar, actúan desde un sesgo racista. En la prostitución existe un gran número de mujeres inmigrantes y que entran al país de forma ilegal a través del tráfico, dadas las barreras institucionales que existen».

Así, «el tráfico de personas no se puede confundir con la trata. El tráfico viola las leyes de extranjería, pero no los derechos humanos. La violación de derechos humanos es algo que forma parte del delito de la trata». Pérez estima que «no se puede tratar como víctima a una mujer que ha accedido, aunque de forma ilegal, voluntariamente al país y a falta de regulación, ha decidido ejercer la prostitución como una actividad que le permite alcanzar independencia económica. Esa mujer no está siendo víctima de los tratantes sino del racismo institucional».

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