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La extranjería como nuevo paradigma

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Por Emilio Olabarria.

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foto: Jorge Muñoz

En su día, el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, afirmó que los países del Magreb son “la puerta de entrada de inmigración no deseada”. Esta invocación y otras de otros líderes europeos han convertido a los Estados miembros de la Unión Europea en cautivos de su propia xenofobia al inculcar la idea de un peligro migratorio en la opinión pública. En estas condiciones, la escalada es inevitable y, además, echando cuentas, jugosa para el inagotable mercado de la seguridad de frontera que acompaña a la construcción europea (una empresa italiana ya está sobre el terreno en el desierto de Libia construyendo un muro electrónico a lo largo de Sudán, Níger y Chad).

La Italia de Berlusconi no se ha quedado atrás en la violación abierta y con publicidad de los Derechos Fundamentales reconocidos por la Convención de Ginebra. Italia, desde el año 2004, practica expulsiones colectivas hacia ese destino peligroso que es Libia sin tener en cuenta eventuales solicitudes de asilo y ha iniciado una frenética labor destinada a fabricar campos de concentración para acoger a los rechazados en países que no reconocen los requerimientos de la Convención de Ginebra. Es más, las autoridades italianas se han dedicado sistemáticamente a recoger a los refugiados en el mar antes de que puedan entrar en aguas territoriales italianas y a continuación basta con poner rumbo al sur y entregarlos a las autoridades de los países de origen.

No se queda corto tampoco en este contexto criminalizador de la política migratoria lo acordado en el Consejo de Sevilla de 2002, en el que se negó expresamente el derecho que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “que toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país”. Hay que recordar que si bien ningún país está obligado a conceder su protección a todo solicitante de asilo, en cambio sí está obligado a examinar individualmente toda solicitud y es ilegal organizar expulsiones colectivas y/o hacia lugares donde los ciudadanos pueden tener malos tratos. Basta examinar los contenidos de la Convención de Ginebra y la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

La política migratoria de la Unión Europea, basada en el dudosamente legal reglamento Dublín II, se caracteriza por su externalización. Se trata de forzar a países fronterizos de la UE, como Polonia y Rumanía, a construir muros de contención de migrantes a cambio de agilizar el proceso de adhesión a la UE. Por ejemplo, Rumanía ha recibido más de cien millones de euros para asumir esa función de filtro inexpugnable. Al final, los controles fronterizos en la entrada de Europa por el este se han conservado a través de la exigencia de visados para los que lleguen de países vecinos como Ucrania, Moldavia, Rusia o Bielorrusia que, siendo solo países de tránsito de la ruta migratoria hacia Europa del oeste, se han convertido en un tránsito lleno de trampas, vigilancia reforzada de fronteras, misiones de Frontex, obstáculos para ser reconocidos como refugiados, etc. En definitiva, reglamentos como el Dublín II colocan a las personas exiliadas en una marcha sin fin hacia ninguna parte, en un deambular errante, como ocurre a lo largo de los mares que separan Italia de Grecia y no siendo muy diferente la situación de las personas que migran constantemente perseguidas en Francia o Bélgica o a las puertas de Inglaterra. Recuérdese lo que ocurrió con la Operación Liberar Calais. Como quiera que el Reino Unido no forma parte de la zona Schengen, los migrantes que pretendían llegar a Gran Bretaña se fueron concentrando en las inmediaciones de Calais, lo que provocó, bajo la invocación de que en esta ciudad se incrementaron los robos, asaltos, enfrentamientos con arma blanca, etc. (no siempre suficientemente acreditados), que las autoridades francesas procedieran a un masivo desalojo de la que se denominó Jungla Pastul, utilizando tres excavadoras, una decena de camiones y una empresa de desmantelamiento para devolver la tierra a su estado natural y no permitir nuevos asentamientos. Todo ello garantizado por la presencia de 500 agentes de la Compañía Republicana de Seguridad y Policía del Aire y Fronteras.

Es en ese contexto en el que los países de la Unión endurecen su legislación de extranjería (qué no decir de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conocida como ley Mordaza que legaliza las “devoluciones en caliente” y de los sucesos de la playa del Carajal) y ponen en práctica la externalización. Por esta razón, los acontecimientos de la pasada Nochevieja en Colonia y otras ciudades alemanas, en tanto en cuanto se acrediten como ciertos, deben ser objeto de una proporcionada pero contundente respuesta por el ordenamiento punitivo de ese país. Lo contrario vuelve a alimentar el monstruo de la xenofobia, a proveer de pretendidos argumentos a los partidos fascistas y a, lo más llamativo, la aparición de patrullas ciudadanas de caballeros coronados con el peculiar objetivo de proteger a la población autóctona del peligro del extranjero.

Este panorama tan poco edificante que está convirtiendo a los países del Sahel-Sahara en obstáculos a la libre circulación al servicio de la Unión Europea y que han provocado que países como Marruecos, Túnez, Libia y Argelia hayan adoptado nuevas leyes de extranjería no menos agresivas que la legislación española (suscribiendo acuerdos de readmisión a cambio de inversiones), plantea que el fenómeno de la inmigración no solo va a constituir uno de los paradigmas de las futuras políticas europeas y mundiales sino que la forma de confrontarse con el mismo está siendo en primer lugar ilegal y está convirtiendo la extranjería en un fenómeno de política criminal. Las condiciones de vida y de acceso al ejercicio de los derechos por los extranjeros son problemáticos a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a Rumanía por castigos o tratos inhumanos o degradantes en el centro de Otopeni. ¡Menos mal que no ha examinado el Tribunal Europeo los centros de internamiento de extranjeros del Estado español!

Debería intentarse que las proclamaciones del Convenio de Ginebra y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos no se conviertan en un evanescente arcaísmo en los que nadie cree y que nadie practica, pero desde la proyección de este pretendido buenismo de las políticas de extranjería ningún Estado se atreve a excluirlos de sus ordenamientos jurídicos.

“En la mayoría de las ocasiones, los inmigrantes indocumentados devueltos a sus países son capturados como perros y conducidos a centros tan superpoblados de gente que los policías se ven obligados a usar máscaras por el olor nauseabundo”. Las anteriores son palabras de Mario Mori, exdirector del Servicio Italiano de Información Civil del Parlamento italiano. Esta que estamos describiendo es la situación de los que pretenden ingresar en la Unión Europea y del tan ponderado sistema de cuotas aprobado por las instituciones de la Unión. Es el sistema adoptado para los que ya han ingresado en la UE. Las cuotas no llegan al 1% de los migrantes que pretenden penetrar en Europa o están ya en ello. ¿Esta es la Europa social que queremos construir?

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