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La trata de personas, tras la desaparición de miles de mujeres en Argentina

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La ausencia de Florencia Penacchi, Marita Verón o María Cash golpea en la memoria colectiva de los argentinos. Son algunas de las 3.231 mujeres desaparecidas en democracia, un drama estrechamente relacionado, según los autores de un reciente informe, con la trata de personas.

La trata de personas, tras la desaparición de miles de mujeres en Argentina
La trata de personas, tras la desaparición de miles de mujeres en Argentina

El documento “Búsquedas en democracia. Diagnóstico sobre la búsqueda de personas entre 1990 y 2013” es un escalofriante recorrido estadístico que pone en contexto el drama de las desapariciones en Argentina, que afecta sobre todo a jóvenes y adolescentes.

Elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROTEX) y la organización no gubernamental Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), el informe, que acaba de publicarse en la web de Protex, pretende aportar luz a problema en el que los datos son muy confusos.

Celeste Perofino, coordinadora de la ACCT, asegura, en declaraciones a Efe, que el alto porcentaje de desaparecidas, especialmente adolescentes, indica que la mayoría de las desapariciones tienen que ver con trata de personas con fines de explotación sexual, un delito en el que el 99 % de las víctimas son mujeres.

Según el informe, desde el retorno de la democracia a Argentina, en 1983, la lista de desaparecidos asciende a 6.040 personas, de las cuales 3.231 son mujeres y 2.801 hombres.

Detrás de los datos, se esconden historias como la de Sofía Herrera, que se perdió entre los columpios de un parque con solo tres años, o María Cash, interceptada cuando viajaba en autobús al norte del país.

Aunque el número de hombres desaparecidos también es elevado, la pirámide de edad es mucho más uniforme y no se observan picos en la adolescencia, algo que, subraya Perofino, complica la tarea de definir el origen de las desapariciones masculinas.

La provincia más afectada es la de Buenos Aires, la más grande del país, donde 3.124 personas permanecen en paradero desconocido -la proporción entre hombres y mujeres es casi idéntica-, seguida de Tucumán (noroeste), con 1.453 desapariciones, de las cuales 906 son mujeres.

Florencia, de 25 años, salió de casa para retirar un pedido de comida. Nunca volvió. La policía consiguió establecer un vínculo entre la discoteca que frecuentaba, el camello que le pasaba droga ocasionalmente y una banda relacionada con la trata de personas, pero sigue, tras diez años, en paradero desconocido.

Algo parecido le ocurrió a Marita Verón. Nunca acudió a su cita con el médico el 3 de abril de 2002. La investigación relacionó su desaparición con redes de prostitución en Argentina y una en España que fue desbaratada en un proceso judicial. Marita no está entre las 18 víctimas rescatadas.

Luego llegó un juicio en el que los 13 imputados por el secuestro quedaron en libertad. Una polémica sentencia que intensificó la lucha de su madre, Susana Trimarco, que se convirtió en una suerte de icono y cuyos esfuerzos forzaron el endurecimiento de la ya existente Ley de Trata.

Más tarde, el veredicto fue recurrido ante la corte la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que tumbó la sentencia anterior y condenó a todos los imputados en un fallo que se declaró firme en abril de 2014.

Los casos de Marita, María Cash y Sofía recibieron especial atención de la Justicia porque cobraron relevancia mediática. Sin embargo, Perofino lamenta la falta de compromiso de jueces y fiscales con muchas otras desapariciones que no llegan a la televisión o a los periódicos.

La escasez de recursos y de tiempo explican, en parte, que las causas se investiguen “poco y mal” o que se archiven “muy pronto” pero también hay “desidia” y de desconocimiento de vías legales para afrontar las investigaciones estancadas, asegura la responsable de ACCT.

Para corregir estos aspectos, el informe traza una serie de recomendaciones tanto al Estado como a la Justicia, que pasan, en primer lugar, por establecer una regulación y un protocolo claro a seguir a partir de la denuncia de las desapariciones.

El documento propone asimismo una base de datos mucho más precisa, común y estandarizada en todas las provincias y así como agilizar el cotejo con los registros de las personas aparecidas, que como recuerda Perofino, está desactualizado en muchos casos.

Mientras tanto, organizaciones como ACCT, Missing Children o Adultos Perdidos reciben llamadas, comparan informaciones y actualizan sus bases de datos. Trabajan para que las familias mantengan la esperanza de volver a ver a los seres queridos que perdieron.

“Detrás de cada desaparición hay una familia que espera”, recuerda Celeste.

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