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Para las víctimas de trata, ¿Por qué no hay recursos suficientes?

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En el mundo hay 4 millones y medio de mujeres y niñas que padecen explotación sexual. Son datos alarmantes de la Organización Internacional del Trabajo. En España no existe una ley integral contra la trata y sólo en 2010 se aprobó una reforma del código penal para este delito. ¿No debería preocuparnos más?

Ana García Barbeito, Trabajadora social e Itxaso Sasiain Villanueva, Psicóloga y en atención con mujeres en situación de prostitución y trata, DINAMIA-TRABE

 

Las organizaciones sociales de lucha contra la trata insisten en que esta vulneración de derechos sólo puede afrontarse con una norma con rango de ley que implique el obligado cumplimiento por parte de las instituciones.

En este estado de la situación y gracias a la lucha y trabajo de múltiples organizaciones y activistas implicadas desde hace años en la lucha contra la trata, en el estado español se aprobó un primer Plan Integral de Lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en 2009, que duró hasta 2012. Desde ese año hasta la aprobación del actual, en el 2015, hubo un vacío de 3 años. Además, España incumple la directiva Europea para la Prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas (2011/36/UE).

Contrasta la gravedad de este crimen, tanto en cifras como en consecuencias humanas, con la respuesta institucional, siempre insuficiente y breve. No avanzar en la lucha contra la trata es una negligencia por parte del Estado y supone incumplir los tratados internacionales suscritos.

Si analizamos el presupuesto del plan integral vigente actualmente, que debe durar cuatro años, resulta preocupante la falta de compromiso de las instituciones que no destinan recursos suficientes para detener este crimen y prevenir y aplacar las consecuencias que sufren miles de mujeres y niñas en el estado español.

El presupuesto es de 104 millones de euros, lo que supone unos 26 millones de euros al año. Mucho menos de lo destinado a gasto militar (17.465 millones de euros en 2015), o a las elecciones celebradas el 26 de junio de 2016 (130,6 millones de euros).

Enfocándonos ahora en cómo se distribuye en concreto el presupuesto publicado, -no existe mayor desglose del mismo- la prioridad más dotada es la persecución más activa de los tratantes que cuenta con el 53% del presupuesto y suma más que el resto de prioridades juntas. Le siguen la coordinación interinstitucional y la participación de la sociedad civil, con un 20%. Apenas queda presupuesto para la identificación, protección y asistencia a las víctimas (18%), la prevención, (5,5%), y el conocimiento y análisis de la trata de seres Humanos con fines de explotación sexual un 2,7%.

La asignación presupuestaria de la persecución de los tratantes es significativamente superior al resto, pero llama la atención que la incidencia de esta persecución es dudosa, dado el número de casos detectados, y los resultados obtenidos. En 2014 sólo se produjeron 15 sentencias en casos de trata con fines de explotación sexual, de las cuales 7 son absolutorias y 8 condenatorias.

Es fundamental apostar por el conocimiento y análisis de la realidad de la trata para poder abordarla, y la necesidad de trabajar la detección, protección y asistencia a las víctimas.

Aunque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la potestad para identificar a las víctimas de este delito, sus índices de identificación son muy bajos comparados con los de las organizaciones sociales que intervienen directamente con las supervivientes. Destinar una parte importante del presupuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que además son las encargadas de gran parte de la protección, deja un porcentaje muy pequeño para los dispositivos de detección y asistencia a las víctimas.

Mientras tanto, no hay recursos suficientes y programas bien dotados de apoyo para la detección, atención y apoyo a la recuperación de las víctimas , que es lo que incide directamente en la vida de las mujeres, en su cotidianidad. Es necesario poder dotar estos programas de integralidad y que, así, incluyan herramientas y alternativas para la obtención de ingresos de las mujeres víctimas de trata y que, de este modo, no se vean abocadas a la prostitución.

Es imprescindible que se den más recursos humanos y económicos para abordar este crimen de lesa humanidad y así generar itinerarios que incluyan formación, recursos para la recuperación, reparación y acompañamiento (psicológico, social y jurídico), orientación para el empleo, recursos de alojamiento, además de prospección e intermediación laboral.

Otorgar a las víctimas de trata lo que les corresponde es una cuestión de derechos humanos.

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