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Liberados dos niños a los que usaban de rehenes para prostituir a sus madres.

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Los agentes hallaron a los menores, de unos tres años, con un “evidente grado de desnutrición”.

 

La policía ha dado cuenta hoy de la liberación de dos niños de unos tres años que pasaron secuestrados al menos cuatro meses en una vivienda de Valmojado (Toledo) por una organización que obligaba a sus madres nigerianas a prostituirse. Los menores fueron encontrados, el pasado agosto, por los agentes con un “evidente grado de desnutrición” y habían sido sometidos a vejaciones y humillaciones por parte de sus captores, quienes llegaron a suministrarles tranquilizantes y somníferos para inmovilizarlos y controlarlos. Las madres de los chiquillos han sido localizadas en el norte de Francia, obligadas a prostituirse para pagar una deuda a la organización que suele oscilar entre 30.000 y 40.000 euros, según fuentes policiales.

La red, que captaba a las mujeres en Nigeria para prostituirlas en España y otros países de Europa, exigía a sus víctimas elevadas sumas de dinero bajo amenazas y coacciones. Los criminales llegaban incluso a retener a sus hijos como garantía del pago. Las mujeres llegaban a las costas españolas en patera para ser explotadas por la propia organización o vendidas como mercancía a otros proxenetas.

La operación policial, desarrollada por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y las comisarías de Toledo y Vigo, comenzó meses atrás en esta última ciudad gallega. Los agentes descubrieron a una nigeriana haciendo la calle en la zona portuaria y, al hablar con ella, descubrieron que había llegado a España en patera, tras atravesar cinco países africanos y aguardar siete meses en Marruecos antes de embarcarse. Fue declarada testigo protegida y decidió colaborar para el desmantelamiento de la red.

Gracias a la información facilitada por la joven prostituida, la policía detectó la existencia de una organización criminal integrada por ciudadanos nigerianos y dedicada a introducir irregularmente a mujeres de su misma nacionalidad en España para su explotación sexual. La organización se basaba en dos núcleos asentados en Marruecos y en España, con un responsable al frente de cada uno de ellos.

Desde su captación hasta que llegaban a España, las mujeres iban acumulando una elevada deuda con la trama delictiva (entre 30.000 y 40.000 euros), que debían pagar ejerciendo la prostitución durante 10 o 12 años. Con el fin de doblegar su voluntad e impedir que huyeran o denunciasen su situación, las jóvenes eran amenazadas constantemente, tanto ellas como sus familiares, llegando en alguna ocasión a secuestrar a sus hijos como garantía de pago.

El entramado estaba liderado por un matrimonio de origen nigeriano y dos hermanos de la mujer, que se encargaban de la introducción clandestina de las mujeres en territorio europeo. Además, contaban con colaboradores que se encargaban de la fase previa de captación de las víctimas y su posterior traslado hasta la Península.

Las jóvenes nigerianas eran captadas mediante engaño, —con falsas ofertas de trabajo o abusando de su situación de necesidad—. Cuando las víctimas aceptaban dichas ofertas, comenzaba un penoso y largo viaje terrestre por el continente africano que podía durar más de un año, hasta llegar a Marruecos donde permanecían ocultas hasta su traslado definitivo a la Península en patera.

Las investigaciones hicieron posible identificar a los dos máximos responsables de la organización, de origen nigeriano. Uno de ellos estaba en Marruecos y su misión consistía en supervisar todo el traslado de las mujeres desde su país de origen hasta Marruecos, así como de proporcionar un lugar donde mantenerlas ocultas hasta su embarque definitivo hacia España. Junto a él, una mujer, que residía en España, era la encargada de recibir a las mujeres tras su paso por los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La policía centró sus investigaciones en torno a esta mujer, que residía en la localidad toledana de Valmojado, junto con su pareja sentimental y los hijos de ambos. Allí vivían además otros dos niños de corta edad sin relación o parentesco aparente con ellos. Allí fueron localizados dos niños encerrados en habitaciones separadas, que solían estar drogados casi permanentemente. Ambos niños eran rehenes de la banda, para forzar así a sus madres a ejercer la prostitución callejera.

La responsable de la organización en España, bajo la falsa apariencia de ejercer como cuidadora de los menores, los mantenía encerrados en su domicilio, con la colaboración y connivencia de su pareja sentimental, con la única finalidad de mantener a las madres sometidas y obligarlas a ejercer la prostitución, según fuentes de la investigación.

Cuando los agentes accedieron a las habitaciones donde estaban los niños, cuyas puertas estaban bloqueadas con colchones y muebles, apreciaron un comportamiento anómalo en los pequeños, sucios y desnutridos, que se mostraban abúlicos e indiferentes.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha explicado que esta operación se enmarca en el plan contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha en abril por la Dirección General de la Policía y que ha permitido la detención de 626 personas vinculadas a estas redes en las 186 operaciones policiales desarrolladas contra este delito desde el pasado abril. El 25% de los detenidos son de nacionalidad española, un 23% son de origen rumano y un 13% son naturales de Nigeria.

Además, el plan potencia la detección, protección y asistencia a las víctimas. Desde su puesta en marcha, los agentes han detectado a casi 12.000 víctimas (11.943) que están siendo explotadas, 170 de ellas han sido acogidas o asistidas por ONG o instituciones de ayuda y protección. Paralelamente, 104 mujeres han sido declaradas testigos protegidos. En este periodo han sido decomisados casi 9 millones de euros.

Con la puesta en marcha de este plan, la policía ha habilitado un teléfono gratuito atendido durante las 24 horas del día por policías especializados de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, 900 10 50 90, y un correo electrónico, trata@policia.es, que preservan la confidencialidad de sus usuarios, y cuyo objetivo es la colaboración ciudadana y la denuncia de las víctimas. Durante los últimos ocho meses se han recibido 992 comunicaciones, atendidas tanto vía telefónica como por correo electrónico, que han posibilitado la apertura de 164 investigaciones contra la trata de mujeres, seis de ellas ya finalizadas.

Fuente: www.elpais.com

 

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