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UGT pide la supresión de los anuncios de prostitución en prensa

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  • El sindicato asegura que con la autorregulación que propone el Gobierno “no se va a acabar” con este tipo de publicidad.
  • Los periódicos españoles ganan cuarenta millones de euros al año con estos anuncios, según los últimos datos oficiales, de 2007

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La agrupación de periodistas de UGT reclama al Gobierno que legisle para que se eliminen los anuncios de prostitución en los periódicos españoles. El sindicato hace un llamamiento a las empresas periodísticas que todavía mantienen estos anuncios para que los supriman y contribuyan así a erradicar la explotación sexual que “vulnera los derechos humanos y fomenta la trata de mujeres y menores”. Los periódicos españoles ganan cuarenta millones de euros al año con este tipo de anuncios, según los últimos disponibles, que son de una comisión parlamentaria de 2007.

El sindicato ha hecho estas consideraciones después de que, este miércoles, el Gobierno presentara un nuevo plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas que no apuesta por poner coto a este tipo de publicidad. En el texto presentado se apuesta por la “promoción de la suscripción de códigos de autorregulación” que favorezcan la eliminación de estos anuncios, así como por el impulso de una comisión para el estudio de fórmulas “tendentes su eliminación”. A este respecto, el sindicato denuncia que la “con la autorregulación no se va a acabar con este tipo de anuncios”.

Por otro lado, UGT considera “intolerable” que algunos de los grandes periódicos españoles defiendan los derechos humanos, luchen contra la trata de personas y el proxenetismo en sus páginas de sociedad o política y mantengan los anuncios de prostitución. “Entendemos que no vale todo para la financiación de las empresas periodísticas”, aseveran.

Asimismo, destaca que “hay un número significativo de empresas periodísticas que no emiten este tipo de anuncios y han aguantado y están aguantando la crisis económica, especialmente intensa en la inversión publicitaria en los medios de comunicación”. 20 Minutos no los admite, igual que tampoco lo hacían los desaparecidos Público y La Voz de Asturias. También renunció a ellos La Razón, tras un acuerdo de colaboración con el periódico de El Vaticano, L’ Osservattore Romano.

Informe del Consejo de Estado

La realidad es que las “fórmulas” que podrían poner coto a este tipo de publicidad ya las dejó claras el Consejo de Estado en un informe [consultar en PDF, aquí] de marzo de 2011. Entonces, a petición del desaparecido Ministerio de Igualdad, el órgano consultivo del Estado –cuyos informes no son vinculantes– resolvió que era posible “prohibir” o, al menos, “limitar severamente” los anuncios de prostitución en la prensa. Aunque recomendaba que la prohibición no se llevara a cabo a través del Código Penal –es decir, no pedía que la publicación se catalogara como delito–, sí reclamaba que se aprobara una norma con rango de ley para prohibirlos. Asimismo, reiteró que la autorregulación que ahora vuelve a proponer el Gobierno, se había mostrado “insuficiente y baldía”

En medio del debate sobre si una hipotética restricción podría colisionar con derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de prensa, la institución concluía que la prohibición estaría justificada “objetivamente” por la “prevalencia de bienes, valores y derechos superiores garantizados por el ordenamiento”. Asimismo, el Consejo de Estado refrendó lo que vienen reiterando los colectivos feministas, pues opinó que las mujeres se convierten en estos anuncios en un “objeto de consumo”, en “mercadería”, y sufren “una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona, que es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes”.

La institución esgrimió además las razones por las que sí se pueden prohibir esos anuncios. A saber: porque su “carácter” hace que no deba promoverse la competencia o facilitarse la captación de clientes; porque pueden proteger actividades de proxenetas que sí están prohibidas por el Código Penal; porque son “expresivos del rol de las mujeres como meras mercancías”, incluso cuando no incluyen imágenes o textos vejatorios; y porque así lo exigen las leyes de protección de menores, pues “la prensa escrita, al menos la generalista, tiene una gran difusión en la sociedad en general” y su acceso no se restringe a los mayores de edad.

No obstante, y a pesar de contar con el aval de ese informe, el PSOE tampoco puso fin a este tipo de publicidad durante su último mandato (2004-2011). A este entierro contribuyó la presión de los editores, que han mostrado siempre una oposición férrea a la prohibición. La argumentación de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) –donde se agrupa los principales diarios de España– es que la publicidad “de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución”. En España la prostitución se considera que es alegal. Lo que está penado por el Código Penal es el proxenetismo, mientras que la actividad de las prostitutas sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas por parte de instituciones municipales o regionales.

 

Fuente: infolibre.es

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